Una Venezuela en “estado de alerta” vuelve a las calles tras cuatro días de apagón nacional

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, decretó ayer “estado de alerta, como modalidad del estado de excepción”, por 30 días consecutivos –con posibilidad de prórroga por 30 días más- para abordar la agravada crisis humanitaria que afecta el país tras cuatro días sostenidos de apagón nacional.

La medida no implica la suspensión de garantías y busca sumar esfuerzos para atender la situación que, hasta el cierre de esta edición, había ocasionado la muerte de al menos 22 personas, según cifras de ONGs desmentidas por la administración de Nicolás Maduro.

Como medida de presión, Guaidó convocó a una nueva movilización nacional para hoy -cuando seguirán suspendidas las clases y las labores- y, aunque reconoció que la situación amerita reacciones más drásticas, dijo que es necesario “preparar las capacidades para dar pasos firmes”.

“Dicen que la espera desespera y es verdad, pero hay que avanzar de forma firme (...) El momento apropiado llegará. Todas las soluciones están sobre la mesa; la comunidad internacional nos va a ayudar, pero nos tiene que encontrar movilizados, exigiendo nuestros derechos”, aseveró ante los reiterados pedidos de que aplique el artículo 187 de la Constitución que autoriza las “misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Lo que sí determinó en su decreto fue la prohibición de envío de petróleo a Cuba para destinar su uso al funcionamiento adecuado de los equipos eléctricos y pidió ayuda internacional para hacer efectiva la medida. “No vamos a seguir financiando indirectamente la intervención de cubanos mientras nuestra gente muere de hambre”, dijo.

Bomba de tiempo

Venezuela sufrió una interrupción total de su servicio eléctrico el jueves y, apenas en horas de la noche del domingo, se restableció de forma intermitente. Hasta ayer los cortes continuaban y estados como Zulia, Táchira, Mérida y Lara registraban más de 90 horas sin servicio.

La tensión ha ido escalando, a medida que se descomponen los pocos alimentos que los ciudadanos tenían en sus hogares, sumándose a la escasez de agua y a la interrupción de las atenciones médicas por falta de generadores.

Ello llevó a los ciudadanos a recurrir a medidas extremas para poder abastecerse de lo más esencial. Algunos irrumpieron de forma violenta en establecimientos de venta de comida. Poco es lo que se puede comprar en las calles, también por la falta de dinero en efectivo; toda transacción solía hacerse de forma electrónica, pero sin energía los puntos de venta y plataformas de los bancos no funcionan.

En tanto, otros decidieron recoger agua en distintos afluentes. En Caracas, hay quienes incluso se apostaron en un río contaminado que atraviesa la capital (similar al Mapocho en Santiago), pero fueron repelidos por fuerzas militares.

Mientras, las acusaciones sobre responsabilidades seguían corriendo desde diferentes actores políticos.

Guaidó desestimó que se trate de un ataque, “porque las instalaciones están militarizadas desde 2013. Esto es corrupción e impericia. Aún no tenemos ni siquiera una versión técnica de cómo solucionar la crisis”.

En tanto, Maduro apenas alcanzó a escribir en Twitter que “progresivamente hemos venido superando y protegiendo el sistema de los ataques que intentan impedir la reconexión”.

ONU en Venezuela

El decreto de Guaidó coincidió con la llegada al país de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que evaluará las condiciones para una visita de Michelle Bachelet.

La misión sostuvo ayer la primera reunión con representantes de las agencias de la ONU que operan en el país. Posteriormente, visitó a integrantes de la administración de Nicolás Maduro, entre ellos el canciller Jorge Arreaza. “Fue una reunión de coordinación e información sobre las políticas de DDHH y protección social en Venezuela”, explicó el alto funcionario.

También está previsto entrevistarse con la directiva del Parlamento, con organizaciones de la sociedad civil y con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras, desde EEUU se aplicaron nuevas sanciones a un banco con sede en Rusia por negocios con la estatal petrolera venezolana Pdvsa, y el presidente Donald Trump pidió al Congreso recortar la ayuda a Latinoamérica pero permitir al Departamento de Estado reservar US$ 500 millones para “responder a la crisis” y “apoyar una transición democrática” en Venezuela.

"Dicen que la espera desespera y es verdad, pero hay que avanzar de forma firme (...)
El momento apropiado llegará", dijo Juan Guaidó.